El Senado de la República aprobó la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque sin incluir uno de sus puntos clave, lo que derivó en un ajuste al denominado plan B tras la negativa de uno de sus aliados.
La propuesta fue avalada en lo general con 87 votos a favor de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y 41 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, el PT logró eliminar la modificación al artículo 35 que pretendía empatar la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027.
La reserva fue presentada por la senadora Liz Sánchez, quien argumentó que la elección y la revocación de mandato tienen propósitos distintos, por lo que su coincidencia en un mismo proceso podría afectar su sentido democrático.
Con esta decisión, la revocación presidencial se mantiene conforme a la Constitución, es decir, solo podrá realizarse en el cuarto año de gobierno, en este caso en 2028.
El posicionamiento del PT generó tensiones dentro de la coalición oficialista, pese a que el partido reiteró su respaldo general a la reforma y su permanencia en la alianza política.
Su dirigente, Alberto Anaya, subrayó que acompañarán el proyecto en lo general, pero se deslindaron del apartado relacionado con la revocación de mandato.
Tras la votación, legisladores de Morena, PVEM y PT realizaron gestos de unidad para evitar interpretaciones de ruptura, mientras que el coordinador morenista Ignacio Mier Velazco rechazó que la reforma haya sido “descafeinada” y defendió que se mantienen elementos sustantivos, como ajustes al gasto público y medidas de austeridad.
La reforma aprobada contempla cambios a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, entre ellos la reducción del tamaño de ayuntamientos y congresos estatales, así como límites salariales para funcionarios electorales, con el objetivo de generar ahorros en el gasto público.
También establece que el Senado deberá disminuir su presupuesto de forma progresiva.
Por su parte, la oposición calificó el resultado como un fracaso parcial del oficialismo, legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI criticaron la intención inicial de incluir a la presidenta en la boleta electoral mediante la revocación de mandato, al considerar que podría generar ventajas indebidas en los comicios.
La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
