La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó este viernes que los restos humanos localizados durante un operativo en un rancho del municipio de Moloacán corresponden científicamente a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, al tiempo que informó sobre la captura de ocho personas presuntamente involucradas en su desaparición y homicidio, entre ellas cuatro presuntos integrantes de un grupo criminal y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.
El anuncio representa un avance determinante en una investigación que durante semanas movilizó a corporaciones de seguridad, autoridades ministeriales y organizaciones de periodistas, luego de la desaparición de la comunicadora en la zona sur de Veracruz.
De acuerdo con la Fiscalía, la identificación de la víctima fue posible tras la conclusión de los dictámenes periciales especializados, los cuales permitieron confirmar de manera científica que los restos encontrados durante las diligencias corresponden a Roxana B. La dependencia señaló que este resultado robustece la carpeta de investigación y aporta elementos fundamentales para el esclarecimiento del crimen.
Como parte de las indagatorias, agentes de la Policía Ministerial cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión autorizadas por un juez de control contra presuntos responsables del delito de homicidio doloso calificado.
Entre los detenidos se encuentran Javier Iván “N”, identificado con el alias de “Delta 1”; José del Carmen “N”, conocido como “Delta 7”; y Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o “El Pelón”, quienes, según la investigación ministerial, habrían participado en la privación ilegal de la libertad de la periodista.
La Fiscalía también señaló como presunta implicada a Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”, quien habría colaborado con los anteriores en la ejecución del homicidio de la comunicadora.
A estos arrestos se suman los de Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes al momento de los hechos formaban parte de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste. Las investigaciones apuntan a que estos servidores públicos presuntamente brindaban apoyo operativo al grupo criminal mediante recursos, suministro de alimentos y respaldo logístico para facilitar sus actividades ilícitas.
La dependencia precisó que todas las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente y será durante la audiencia inicial cuando un juez determine su situación jurídica, conforme a las pruebas aportadas por el Ministerio Público y respetando en todo momento los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.
El caso de Roxana Guzmán generó una profunda preocupación entre el gremio periodístico veracruzano y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, debido al contexto de violencia que enfrenta el ejercicio del periodismo en diversas regiones del país y particularmente en el estado de Veracruz que desde el sexenio de Fidel Herrera y Javier Duarte los homicidios de comunicadores han ubicado al estado como el lugar más riesgoso para ejercer el periodismo en el país.
Veracruz ha sido identificado durante años como una de las entidades más peligrosas para quienes ejercen labores informativas.
Diversos comunicadores han sido víctimas de amenazas, desapariciones y homicidios, situación que ha motivado reiterados llamados de organismos nacionales e internacionales para fortalecer los mecanismos de protección y garantizar investigaciones eficaces que permitan sancionar a los responsables.
La posible participación de policías municipales en este caso vuelve a colocar bajo escrutinio los vínculos que, en distintas investigaciones, han sido señalados entre autoridades locales y organizaciones criminales que operan en el sur del estado, una región marcada por disputas entre grupos delictivos dedicados a diversas actividades ilícitas.
La Fiscalía General del Estado aseguró que continuará desarrollando investigaciones científicas, objetivas y exhaustivas hasta esclarecer completamente los hechos, identificar a todos los responsables y garantizar el acceso a la justicia para la familia de la periodista.
Contexto
El asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez comenzó a investigarse luego de que su familia denunciara su desaparición en el sur de Veracruz tras hacerse viral el vídeo que ella misma graba de su secuestro por un grupo armado que irrumpe en su domicilio y frente a su familia.
La comunicadora fue privada de su libertad y todo indica asesinada sin conocerse aun la causa lo que dio origen a una carpeta de investigación por su no localización y a un operativo de búsqueda encabezado por la Fiscalía General del Estado.
Con el avance de las investigaciones, agentes ministeriales realizaron cateos, trabajos de inteligencia y operativos en diversos municipios del sur de la entidad. Como resultado de esas diligencias, las autoridades ubicaron un rancho en el municipio de Moloacán donde fueron localizados restos humanos que quedaron bajo resguardo para su análisis por especialistas en genética y medicina forense.
De acuerdo con la línea de investigación presentada por la Fiscalía, Roxana Berenice Guzmán Ramírez habría sido privada ilegalmente de la libertad por integrantes de una organización criminal que operaba en la región.l que s autodenomina grupo sombra.
Posteriormente, la comunicadora fue asesinada y su cuerpo abandonado en ese predio con el propósito de dificultar su identificación.
Las indagatorias también revelaron la presunta participación de cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, quienes, según el Ministerio Público, no habrían intervenido directamente en la privación de la libertad ni en el homicidio, pero sí habrían proporcionado apoyo logístico, alimentos y otros recursos a los integrantes del grupo delictivo señalado como responsable del crimen.
Tras varios días de investigaciones periciales, los análisis genéticos permitieron confirmar científicamente que los restos encontrados en Moloacán corresponden a Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
Con esa identificación, la Fiscalía fortaleció la acusación por homicidio doloso calificado y obtuvo las órdenes de aprehensión contra ocho presuntos involucrados, cuyo proceso penal continuará ante un juez.
Con la confirmación oficial de la identidad de los restos y la detención de ocho presuntos involucrados, las autoridades consideran que la investigación entra en una nueva etapa procesal, en la que corresponderá a los tribunales valorar las pruebas presentadas y determinar las responsabilidades penales de cada uno de los imputados. Entretanto, el asesinato de Roxana Guzman vuelve a poner de relieve la vulnerabilidad en la que continúan desempeñando su labor numerosos periodistas en México y la necesidad de combatir la impunidad en los delitos cometidos contra la libertad de expresión.
